Si bien la actual segmentación de tarifas energéticas en Argentina tiene un comportamiento “pro-pobres” y progresivo, su implementación aún sostiene deficiencias arrastradas de las últimas dos décadas en las que no ha habido cambios favorables en la distribución del ingreso. Miembros del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS) UNS – CONICET y Departamento de Economía UNS realizaron un ejercicio de microsimulación para estudiar la incidencia distributiva de la segmentación de tarifas vigente (Decreto 332/2022: separación en 3 usuarios residenciales por poder adquisitivo) y señalaron que la normativa tiene definiciones ambiguas e información pública que puede conducir a asignaciones incorrectas. Argentina tiene una historia de deterioro en las tarifas que ha impactado negativamente sobre las cuentas públicas y ha mostrado resultados distributivos contrarios a los buscados: lo que se pensó como estrategia para beneficiar a los pobres terminó siendo “pro-ricos”. Pobreza energética: la política de subsidios actual no alivia la situación, en gran parte debido a las características edilicias y de equipamiento en los hogares de menores recursos. El problema no está en el precio (que sigue siendo determinante), sino en las grandes cantidades que se consumen en esos hogares. Por otro lado, la Ley de zona fría, que bonica el 30% del consumo de gas en áreas amparadas, acaba financiada por usuarios de otras áreas a través de un recargo adicional que abarca tanto a los usuarios de alto poder adquisitivo como a los de los deciles más bajos. El estudio, denominado “Segmentación de tarifas energéticas e incidencia distributiva en Argentina. Su vinculación con la pobreza energética”, fue elaborado por la becaria doctoral Milena Poggiese y las investigadoras y docentes María María Ibáñez Martín y Cintia Martínez. El trabajo completo, ACÁ.